Por imposibilidades técnicas en las instituciones encargadas de operar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Colima, el Congreso Local aprobó aplazar su entrada en vigor hasta el próximo 31 de diciembre.
“La legislación del Estado se encuentra adecuada al Nuevo Sistema de Justicia Penal, encontrándose la entidad en condiciones legislativas para implementarlo; sin embargo, de las visitas técnicas realizadas a las instituciones encargadas de operar el Nuevo Sistema, se han detectado situaciones de carácter técnico operativo que las imposibilita iniciar el Sistema el 19 de noviembre”, dice la iniciativa del gobernador Anguiano.
Cabe recordar que el pasado 26 de agosto, el Congreso del Estado aprobó la Declaratoria de incorporación del sistema procesal penal acusatorio en el Estado de Colima, estableciendo su aplicación en forma gradual, iniciando el 19 de noviembre del año 2014, en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondientes al primer partido judicial.
Tras esa declaratoria, el Congreso del Estado ha aprobado los siguientes ordenamientos: Código Penal para el Estado de Colima; Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia del Estado de Colima; Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, y Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal
También se aprobaron la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, y Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, restando por discutir y en su caso aprobar la Ley de Justicia Penal para Adolecentes.
Sólo fue aplazada la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, el resto de los partidos judiciales se mantuvo como fue aprobado en la Declaratoria de incorporación del sistema procesal penal acusatorio: el 1° de abril del año 2015, en Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán y Minatitlán; el 5 de agosto del año 2015, en Manzanillo, y el 12 de agosto del año 2015, en Tecomán, Armería e Ixtlahuacán.
La iniciativa del aplazamiento, propuesta al Poder Legislativo por el gobernador Mario Anguiano Moreno y leída en Tribuna por el diputado Heriberto Leal Valencia, presidente de la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, fue aprobada en votación unánime.
