BOGOTÁ (apro).- Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en Colombia presentado la semana pasada contiene una afirmación sorprendente que evidencia el alto grado de influencia que han alcanzado los cárteles mexicanos de la droga en el mundo del crimen colombiano.
De acuerdo con el reporte, que causó un gran malestar en el gobierno por el crudo diagnóstico que hace sobre la situación humanitaria en el país, en varias regiones golpeadas por la violencia hay presencia de grupos delictivos extranjeros que participan en el conflicto.
En su reporte, la ONU señala que en 2019 “grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también llamadas Clan del Golfo), los Caparros y La Mafia, así como organizaciones criminales transnacionales, emplearon extrema violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas”.
Estos grupos, agrega el informe, “actuaron principalmente en Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca”.
El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, dice que es evidente que la ONU “ya puso en la mira a los cárteles mexicanos como actores que están detrás de violaciones a los derechos humanos” que ocurren en varias regiones de Colombia.
“No es que participen de manera directa, pero son los que financian y les dan las armas a los grupos criminales colombianos que ejercen la violencia contra población civil y que están asesinando a líderes sociales”, señala.
De acuerdo con la ONU, en 2019 fueron asesinados 108 defensores de derechos humanos en Colombia, el doble que en 2018.
Y es que los grupos criminales señalados como autores de esos homicidios están involucrados en el narcotráfico y en varios casos tienen relaciones con los cárteles mexicanos, no sólo con el de Sinaloa sino también con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras estructuras más pequeñas que han subsistido a la desarticulación de Los Zetas, La Familia y los Caballeros Templarios.
Tanto el Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas de Colombia) como Los Caparros, Los Puntilleros, Los Rastrojos y La Empresa, que tienen relación con organizaciones criminales mexicanas, han sido mencionados en las investigaciones de los homicidios de líderes sociales.
“En Colombia –señala– tenemos un incremento muy importante en la presencia de organizaciones mexicanas del narcotráfico que vienen a asegurar el abastecimiento de cocaína. Traen financiamiento y traen armas. Esto influye fuertemente en el aumento de la violencia en muchas regiones y esto es un factor que, sin duda, está asociado en forma indirecta al asesinato de líderes sociales”.
El informe de la ONU, que abarca el periodo 2019, afirma que Colombia vive una “violencia endémica”.
El organismo señaló que el año pasado se registraron 36 masacres en el país, la cifra más alta desde 2014, y que las protestas sociales en contra del gobierno del presidente Iván Duque fueron reprimidas por la policía, la cual respondió “de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia”.
Otra denuncia que causó escozor es la que indica que el Ejército utiliza a miembros de grupos criminales en operaciones como allanamientos, incautaciones y detenciones de personas.
Duque calificó el reporte de la ONU como una “intromisión en la soberanía” de Colombia.
