COLIMAMEDIOS
Fuente|DiarioDeColima
Organizaciones civiles exigen aplicar correctamente las leyes existentes
Organizaciones civiles, junto con algunas dependencias gubernamentales, llegaron al acuerdo de reformar la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Lo anterior se acordó durante el Foro Procesos de Atención, Derivación, Investigación, Administración y Procuración de Justicia en caso de violencia contra las mujeres: Avances, Retos y Perspectivas.
El Instituto Colimense de las Mujeres será quien le haga llegar al Supremo Tribunal y a la Procuraduría las propuestas para mejorar el sistema en torno a esta problemática, ya que se concluyó que las normas deben aplicarse de manera correcta.
Los participantes también destacaron que su compromiso es con la sociedad, por lo que trabajarán para mejorar su labor dentro de las mismas asociaciones, detectando prioridades y competencias institucionales.
Estuvieron presentes integrantes del Instituto Colimense de las Mujeres, el Centro de Apoyo a la Mujer, el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Colima y de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Colima.
También de la asociación RDfine Colima, del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, así como de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Organizaciones civiles exigieron que se reforme la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debido a que no está funcionando de manera correcta e hicieron algunas propuestas para enriquecerla.
Destacaron que, por ejemplo, dicha legislación dicta que se deben otorgar órdenes de protección para mujeres que sufren violencia extrema, de manera inmediata, en congruencia con el Artículo 158 Bis del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.
En la Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Colima se realizó el Foro “Procesos de Atención, Derivación, Investigación, Administración y Procuración de Justicia en casos de violencia contra las mujeres: Avances, Retos y Perspectivas”.
A la reunión asistieron integrantes de las organizaciones civiles y dependencias gubernamentales que en el estado trabajan a favor de los derechos de este sector, como el Instituto Colimense de la Mujer y el Centro de Apoyo a la Mujer.
Acudieron también del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Colima, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Colima y la asociación RD fine Colima. Asimismo del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Los participantes expusieron sus puntos de vista en cuanto al marco jurídico actual que emplean las autoridades de la Procuraduría General de Justicia y del Supremo Tribunal de Justicia al momento de atender una denuncia de una mujer por maltrato sicológico, físico, económico, verbal.
La directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Colima, Ana Azucena Evangelista Salazar, señaló que todas las instancias a las que se convocó participaron de forma productiva, dejando en claro que su compromiso es con la sociedad.
Agregó que “por ello trabajarán para mejorar su labor dentro de las mismas asociaciones, detectando prioridades y competencias institucionales”.
Indicó que a esta labor se le dará seguimiento, por lo que habrá más mesas de trabajo similares, con el propósito de que las adiciones a la reforma “no se queden en letra muerta”.
Apuntó que llegarán hasta con las autoridades gubernamentales para transformar el marco jurídico y hacer verdaderamente válidas las órdenes de protección para la mujer violentada.
Por su parte la directora del CEPAVI, Martha Licea Escalera, expuso que no descansarán hasta que las disposiciones de la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, se interpreten de acuerdo con los principios consagrados en la Constitución.
Asimismo, deben ajustarse a la Carta Magna del Estado y los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el país, para que protejan la integridad de las garantías y derechos humanos de las mujeres.
Enfatizó que la aplicación de la Ley corresponde a la Administración Pública Estatal y Municipal, quienes en el ámbito de sus respectivas competencias, deben expedir las normas legales correspondientes, y tomar las medidas presupuestales y administrativas.
Lo anterior para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En su turno, la directora general del Instituto Colimense de las Mujeres, Yolanda Verduzco Guzmán, dijo que entregó a la Secretaría General de Gobierno un plan de modificaciones y una ley.
Siendo los anteriores un proyecto de iniciativas de reformas y adiciones a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las cuales se alinearon con la legislación federal.
Realizando esta presentación en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
Asimismo, cedió la propuesta de decreto para adicionar y reformar el Artículo 51 fracción 21, en sus incisos a, b, c y d, para que en las candidaturas y suplencias de elección popular se garantice la paridad.
En dichos proyectos de iniciativas, el Instituto Colimense de las Mujeres solicitó su revisión y se envío al Poder Legislativo para su discusión y aprobación.
Al finalizar la jornada, acordaron que este instituto será quien le haga llegar al Supremo Tribunal y a la Procuraduría las propuestas para mejorar el sistema en torno a esta problemática.
Explicando, que llegaron a la conclusión de que si existen las normas deben aplicarse de manera correcta, además de los resultados obtenidos de esta reunión.
