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MADRID, 19 de noviembre.- La Audiencia Nacional española cursó órdenes internacionales de detención contra el ex presidente de China Jiang Zemin y otros cuatro altos funcionarios como parte de una investigación sobre un presunto genocidio en el Tíbet.
En un auto hecho público el martes, el tribunal aceptó los argumentos de las organizaciones pro tibetanas querellantes, que piden el interrogatorio de los cinco en España.
Las órdenes se librarán a través de Interpol.
Además de Jiang, la lista de imputados incluye al ex primer ministro Li Peng; Qiao Shi, responsable de la policía armada popular; Chen Kuiyan, secretario del partido comunista en la región del Tíbet entre 1992 y 2001; y Peng Pelyun, ministro de Planificación Familiar en los 80. Ninguno de ellos está formalmente acusado de delito alguno.
En el pasado, las autoridades chinas calificaron de «pura invención» el caso de la Audiencia Nacional, que arrancó en 2008.
La embajada China en Madrid no valoró la decisión judicial.
El ex presidente Hu Jintao también está imputado como sospechoso, aunque de momento no se ha pedido su arresto.
Cuando la justicia sumó el nombre de Hu a la querella en octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo que el tema tibetano es un asunto interno y confió en que España manejaría la cuestión de forma adecuada.
El sistema legal español reconoce el principio de justicia universal, bajo el cual los sospechosos de genocidio pueden ser juzgados fuera de sus países.
Probablemente el caso más famoso de este tipo fue el que afectó al ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998.
La realidad indica que las investigaciones rara vez terminan en juicios o condenas, pero sí suelen provocar más de un quebradero de cabeza diplomático a Madrid.
Países como Israel y la propia China han expresado en reiteradas ocasiones su malestar con la justicia española por erigirse en una especie de «justiciero internacional».
Alan Cantos, director del Comité de Apoyo al Tíbet -principal organización querellante- recibió con «satisfacción» el auto judicial pero admitió la dificultad que entraña la detención de figuras tan relevantes a nivel político.
No es fácil (que se produzcan las detenciones), pero es mucho», dijo Cantos.
Los imputados están encerrados en su propio país, apuntados con el dedo de una corte competente y es una forma de que no se vayan de rositas», es decir, que no evadan sus reponsabilidades.
