TRASCENDIÓ el suicidio del ex policía Ramón Pérez Bejarano, ocurrido en días pasados, en el mismo día de su cumpleaños, provocado por el despido laboral que le hizo la Comisión Estatal de Carrera Policial del Gobierno del Estado, por no pasar la prueba del polígrafo, aunque obtuvo múltiples diplomas y reconocimientos, incluyendo las más altas calificaciones en 22 pruebas, con promedio superior a 9, que le realizó el Instituto de Capacitación Policial.
Tras la denuncia pública de la muerte trágica del ex policía que se hizo en esta columna, ocurrieron después dos hechos relevantes: la familia de Ramón me llamó ayer para informarme que el alcalde de Colima, Federico Rangel Lozano, les ofreció discretamente todo el apoyo a sus dos hijas, ahora huérfanas de madre y padre, para que no abandonen sus estudios profesionales, y están muy agradecidos, y es nuestro deber hacerle un reconocimiento aquí al alcalde de la capital, por su alta sensibilidad humana, lo que otros funcionarios no tienen.
Otro hecho tras la muerte de Ramón fue también la decisión atinada del diputado de Tecomán, Noé Pinto de los Santos, de exponer un punto de acuerdo en el Congreso del Estado y que fue aprobado por la totalidad de los diputados locales, para promover la suspensión de la prueba del polígrafo en los exámenes de control de confianza que se aplican al personal de seguridad pública, porque son subjetivos y cuestionados por la clase científica. Roberto Chapula, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, también criticó la prueba del polígrafo para dar de baja a los empleados.
Se sabe extraoficialmente, ahora que el sindicato de burócratas estatal no le dio la base a Ramón, porque según archivos de la Secretaría de Finanzas y Administración lo consideraban sólo como empleado de confianza, a pesar de que murió a sus 42 años, ya tenía cerca de 20 años de antigüedad.
Estos despidos son arbitrarios, basta señalar textualmente una parte del dictamen que la “Santa Inquisición Local” denominada Comisión Estatal de Carrera Policial, le notificó a Ramón Pérez para darle la baja definitiva: “Esta Comisión es competente para substanciar el procedimiento en contra del policía Ramón Pérez Bejarano, en virtud de que incumple con los requisitos de permanencia para continuar en sus funciones como policía estatal preventivo, consistente en haber obtenido un resultado como ‘no aprobado’ por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, por tal motivo resuelve la inmediata separación del Servicio y baja del citado policía por lo que no podrá continuar laborando”, y firman siete inquisidores que no sabemos quién los nombró, y sin acreditar la reprobación del policía muerto trágicamente, en donde otros peritos puedan comprobar lo dicho sólo verbalmente por esta comisión, así como se comprueban los registros digitales de un electrocardiograma por cualquier otro cardiólogo. ¿Cuál garantía social para los policías y sus familias?
