El diputado por Coquimatlàn, Orlando Lina Castellanos, presentó un exhorto en el Congreso Estatal, que fue aprobado por la unanimidad de los diputados, para llamar la atención de las autoridades estatales, respecto al cumplimiento de las obligaciones que el marco normativo federal impuso, por medio de un reforma constitucional, a nuestro estado desde el año 2008, para garantizar la equidad procesal en materia penal mediante la homologación salarial de los Defensores Públicos y los Agentes del Ministerio Público.
Esta reforma adicionó en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el párrafo sexto (actualmente séptimo), quedando como sigue:“[…] las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público”.
El diputado y Presidente dela comisión de Prevención y Reinserción Social del Congreso local, argumentó que si bien, el artículo segundo transitorio del decreto modificatorio estableció un plazo máximo de ocho años para su entrada en vigor, cierto es que, esperar a su implementación hasta el último momento, cuando el Estado de Colima cuenta con los medios para hacerlo una realidad, demerita el quehacer legislativo y acarrea consecuencias importantes en los derechos de los justiciables”.
“La defensa pública es un instrumento que el Estado tiene la obligación de proporcionar a todas las personas que, por alguna razón particular, se ven involucradas en un proceso penal; el impacto social que ésta figura jurídica tiene, deriva no solo en que es un instrumento de defensa, sino en que es el medio por el cual se evita que la pobreza se convierta en indefensión jurídica”, dijo en tribuna el legislador de Acción Nacional.
Orlando Lino aseveró que es necesario y urgente para romper esa inercia de desigualdad, donde los Agentes del Ministerio Público, como ente que investiga los hechos delictivos y quien ejerce la acción penal, se encuentran en circunstancias de trabajo favorables en comparación al defensor público, mismo que representa no solo los intereses particulares de la víctima o procesado, sino el interés público de alcanzar la justicia mediante la observancia irrestricta de los derechos humanos a todos los colimenses; por ello se hace apremiante la implementación oportuna de la homologación de sus salarios.
Para evidenciar esta desigualdad, Lino Castellanos, destacó que, un defensor público gana en promedio 12,600.00 pesos mensuales y, en contraste, un agente del ministerio público percibe en promedio 21,685.22 pesos mensuales; es decir, el sueldo que retribuye sus servicios es desigual, pues los primeros reciben u poco más de la mitad del salario de los segundos.
Para concluir, el diputado Orlando Lino dijo que para lograr proporcionar una defensa de calidad, que pueda constituirse como una verdadera parte en el proceso, que combata las arbitrariedades y preserve el respeto a los derechos humanos de su representado, debe proporcionarse a los servidores públicos que fungen como defensores públicos una situación laboral igual a la de los agentes del ministerio público; “pues, su tarea es igual
de importante durante el proceso penal, sin que ésta situación se vea reflejada en su salario”.
