CIUDAD DE MÉXICO, 15 de julio.- El Poder Judicial de la Federación (PJF) informó que en los últimos tres años ha representado a más de 2 mil 500 víctimas de secuestro en el país.
Al calificar el delito como uno de los más graves que dañan a la sociedad mexicana, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detalló que de abril del 2011 a la fecha, ha ofrecido asesoría gratuita y orientación a las víctimas y a sus familiares a través del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
En ese periodo, han sido atendidos 2 mil 654 servicios de orientación y asesoría jurídica a víctimas de secuestro.
La ayuda y representación a las víctimas corre a cargo del cuerpo especializado y multidisciplinario de asesores jurídicos federales del poder judicial federal, los que se encargan de hacer valer sus derechos como víctima, ofendido o testigo del delito de secuestro.
El Instituto Federal de Defensoría Pública cumple con la obligación constitucional de contar con un área especializada encargada de la defensa integral de las personas que son víctimas, ofendidos y/o testigos de dicho delito sin importar el nivel socioeconómico, nacionalidad o condición social», apuntó el CJF.
De acuerdo con el informe de la Judicatura Federal, los asesores están obligados en cada juicio a explicar las etapas y consecuencias legales de cada procedimiento a las víctimas.
Además, los asisten en cada una de las diligencias en las que tengan que intervenir y ejercitan todas las acciones que prevén las leyes ante los órganos de procuración y administración de justicia.
En el proceso penal, los defensores federales garantizan que se mantengan en reserva los datos personales e identidad de las víctimas, para lo cual se ha logrado que las diligencias en que participan las mismas, se realicen a través de videoconferencias sin que se muestren sus rostros a los procesados.
Con base en la emisión del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el servicio prestado por los especialistas de la defensoría pública se amplió a los menores de edad que tienen el carácter de víctimas de cualquier delito en un proceso penal a nivel federal.
Hace casi cuatro años, en noviembre de 2010, fue expedida la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro a fin de establecer las obligaciones y competencias de las autoridades locales y federales en este tipo de conductas delictivas.
En virtud de que el servicio de asistencia a víctimas, que contempla le ley general, se encuentra en proceso de integración, el Consejo de la Judicaturas Federal determinó que se continuará con la atención a las víctimas de este delito, con la finalidad de no dejarlas en estado de indefensión, garantizando así sus derechos humanos, y con base en el principio por persona, al que obligan las reformas constitucionales y los tratados internacionales.
