CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio.- El proyecto de normas 30 y 31 que prepara la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para sustituir la Norma 26 de vivienda popular y aplicarse en 673 colonias, contará con siete herramientas de control para evitar y castigar violaciones.
Con el fin de erradicar las simulaciones y fraudes como los cometidos con la normatividad de ordenamiento territorial anterior, cuando viviendas de interés social fueron vendidas como de lujo, el procedimiento incluirá una serie de lineamientos para controlar el valor de compra-venta, facilitar las verificaciones de las construcciones, contar con todos los datos de los propietarios y responsables, hacer pública la lista de proyectos amparados con la norma y que los notarios públicos contribuyan con la identificación de casos con irregularidades para aplicar el resguardo de folios.
Gerardo Gómez del Campo, consultor que participa en la conformación de este proyecto, señaló que con la Norma 26 no existió ninguno de estos candados, razón por la que fue vulnerada por los desarrolladores que llegaron a vender viviendas populares en más de dos millones de pesos, violando hasta el uso de suelo.
Dijo que el único candado era que al solicitar los certificados de zonificación, los particulares debían entregar una corrida financiera para justificar el supuesto valor del suelo y de las viviendas resultantes, para que quedaran dentro del rango.
“Este requisito legal podía ser perfectamente maquillado, construido y falseado, era el único control que existía para asegurar que la vivienda que se ofrecía era en ese rango de valor. Lo que estamos planteando en estos anteproyectos de norma, para fortalecer las herramientas de control, son siete puntos o aspectos que tienen relación entre sí.
“El primero es una declaración de conformidad de la norma, quien pretenda ser beneficiario de la norma tendrá que consentirlo, aceptarlo en un formato especial y entregarlo junto con su solicitud. Se está en posibilidad de identificar un beneficiario de esos derechos y a quien se le va a poder exigir el cumplimiento de esa norma. No se pueden impugnar las desventajas en caso de ir a juicio de amparo, la persona consintió”, explicó el especialista.
Zonificación
Otra herramienta propuesta son los certificados de zonificación personalizados que incluirán la identificación del titular de los derechos o propietarios del inmueble y responsable de obra que se van a hacer cargo de avalar el cumplimiento de las reglas frente a las autoridades. Esto permitiría tener certeza de quién es el titular y cargar responsabilidades, de ser el caso.
“El tercer elemento de control es la anotación en escritura pública. Se propone que los notarios públicos, cuando reciban una operación con un inmueble en donde se pretenda aplicar la norma, una transmisión de dominio, compra-venta o restitución de un predios en propiedad en condominio, para después comercializar los departamentos de esa operación, tenga claridad en la escritura que esos inmuebles se ven beneficiados por la norma.
“El efecto de esa anotación es que haga una referencia de cinco años que será su vigencia a partir de la anotación de la escritura, durante los cuales el valor de vivienda esté dentro del rango que establece. Servirá para controlar el valor de la compraventa y evitar la simulación de una primera transmisión sujeta a la norma”, comentó el también abogado Gerardo Gómez del Campo.
Habrá un impedimento de actuación notarial, es decir, si un notario público recibe o conoce los actos de transmisión de vivienda tipo A (495 mil pesos) y tipo B (740 mil) y se rebasa el tope establecido, deberá notificarlo a la Seduvi o a las delegaciones y estará impedido para formalizar esa escritura.
De darse esta situación, se aplicará la custodia de folios reales para fincar responsabilidades.
Cuando se viola el uso de suelo, los gobiernos delegacionales pueden solicitar al Registro Público que el folio real, que es un número con el que se identifica un inmueble, quede congelado o en custodia y no se permite hacer transmisiones de propiedad en tanto no se libere por instrucción de la misma autoridad. Esto es parte de los cambios a la Ley Registral del DF en vigor.
Uno de los mecanismos de control que incluye el proyecto en estudio es referente a la transparencia de la información.
Se obligará a la Seduvi a que publique en su página de internet la lista de certificados que expida con el amparo de las Normas 30 y 31; deberá incluir ubicación del inmueble, beneficiario, director responsable de obra, número de viviendas tipo A o tipo B, dimensiones y características básicas.
Con eso se busca facilitar las verificaciones por parte del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y de las delegaciones en materia de uso de suelo y administrativa, y de presentarse una irregularidad, fincar responsabilidades penales amparándose en las modificaciones al Código Penal del DF en sus artículos 310 y 329 bis, en los que se tipifican como delitos la violación del suelo y por fraude procesal.
Cuestionado sobre la actuación que tendrán los notarios en estos lineamientos de control, el consultor Gómez del Campo aclaró que no se le está dando la facultad de verificar, sino que, como auxiliares de la administración pública, notifiquen a la autoridad si se presenta una
irregularidad.
“Los notarios están obligados a cumplir con la normatividad vigente en el DF, si los asambleístas consideran reformar la Ley Registral o Notarial, consideramos que no es necesario.
“El mejor control es el control social, el de las organizaciones de vecinos, así lo han planteados los españoles, los alemanes”, dijo.
BUSCAN PROTEGER 66 COLONIAS EN ZONAS INDUSTRIALES
Con el fin de proteger 66 colonias que podrían cambiar su uso de suelo con la aplicación de las normas 30 y 31, que impulsa el GDF para construir vivienda, industriales de la zona de Vallejo presentarán con diputados de la Asamblea Legislativa (ALDF) la iniciativa de Ley de la industria sustentable.
Las zonas que buscan resguardar de la nueva normativa, que aún está en estudio, se ubican en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Tláhuac y sobre todo en Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
Con la ley buscan la regeneración de la infraestructura en el norte de la ciudad, para lo cual es necesaria una inversión de alrededor de mil 200 millones de pesos, y se crearían alrededor de 200 mil nuevos empleos.
Contempla la creación de un fideicomiso y la promoción de la zona para nuevos inversionistas.
El diputado del PRD Vidal Llerenas y Jorge Ahedo y Javier Pichardini, de la Asociación Industrial Vallejo (AIVAC) señalaron que las normas 30 y 31 que promueve la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), significan un riesgo para la inversión del sector industrial.
El diputado aseguró que antes de que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones presentará la propuesta para que sea discutida en comisiones y votada en el Pleno.
“La propuesta es buscar fondos, mecanismos, para que específicamente en la zona industrial se conforme una autoridad similar a la del Centro Histórico, que tenga recursos y decisión en políticas que beneficien a esta zona, pues Vallejo no puede ser tratada como el resto de la delegación que es habitacional y en donde los requerimientos de infraestructura son totalmente diferentes”, dijo el asambleísta.
Javier Pichardini, vicepresidente de la AIVAC, comentó que de no eliminar las 66 colonias de la lista, se corre el riesgo de perder aproximadamente un millón 500 mil empleos.
“Hacemos un llamado a Miguel Ángel Mancera, al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados, y al presidente de la Comisión de Desarrollo en la Asamblea, Carlos Hernández, a descartar las 66 colonias donde se pretende construir vivienda”.
