SE ha satanizado al SNTE como el máximo culpable de la deficiente calidad de la educación, cuando el problema de fondo es la desorganización interna de la propia Secretaría de Educación desde hace muchos años, que permite la poca transparencia en el uso de los recursos económicos y humanos destinados a las universidades y gobiernos estatales, sosteniendo a muchos aviadores y prevaleciendo una deficiente planeación educativa nacional.
La educación ya se convirtió en un gran negocio de las universidades privadas, aplicando cuotas elevadas, y de las públicas sostenidas con recursos federales, estatales y de las múltiples cuotas que deben pagar los padres de familia desde antes de ingresar a la universidad, pues inventaron hasta cursos propedéuticos para sacar más dinero y sin asegurar su admisión, como lo hace también Estados Unidos con los mexicanos: vende ahora la solicitud de la visa, y aunque no la autorice, recibe buen dinero.
El lucro de la educación llega hasta con los directores de los planteles que utilizan las loncherías, tiendas y parcelas escolares como si fueran negocios particulares, a pesar de que estas ganancias deberían ser utilizadas en beneficio educativo. Las escuelas privadas y públicas cobran inscripciones, colegiaturas, laboratorio, servicio social, bibliotecas, seguro médico, constancias, certificados, uniformes, etcétera, y finalmente aplican otro negocio extra, cursos caros para la expedición del título profesional, burocrático, costosísimo e inexistente en otros países.
En las universidades públicas, los rectores ganan más que los gobernadores, superando los 100 mil pesos mensuales; sostienen una gran estructura burocrática de funcionarios, ganando cerca de 70 mil, se jubilan con la misma cantidad, y todavía los recontratan con altos salarios, teniendo miles de egresados desempleados de la propia casa de estudios.
Vamos a analizar aquí brevemente lo que dijo Arnoldo Ochoa González en la Cámara de Diputados del orden federal, en una reunión con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública con la Universidad Veracruzana, ese evento fue llamado Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas en las Universidades Públicas.
En síntesis, señaló que los grandes problemas que hay en las universidades públicas del país son sus recursos económicos, que siempre faltan, pero también ha faltado encontrar las mejores alternativas de transparencia de los recursos públicos destinados a la educación, ya sea directa o indirectamente a través de los estados, y precisó que el gobierno federal destina sólo a la educación superior 73 mil millones de pesos anuales, destacando por mucho al presupuesto de varios estados del país.
Agregó, la autonomía universitaria es entendida como responsabilidad de autogobernarse y libertad de cátedra, pero no puede ser tomada como escudo protector de irresponsabilidades en el uso de los recursos, ni cristal ahumado de opacidades, y menos tapadera de desvíos.
Qué bueno que reconoce el legislador federal, ahora comisionado en Educación, sobre la necesidad de evitar las graves irregularidades en el sector educativo; todos sabemos que persisten desde hace muchos años; algunos directores tienen el descaro de informar que erogaron de las cuotas de admisión 400 mil pesos en representación y viáticos, pero sólo 22 mil pesos en gastos académicos y 7 mil pesos en deportes; dan mayor importancia a gastos personales; las empresas refresqueras pagan fuertes sumas de dinero para mantener la venta de su producto en ciertas escuelas, cuando está prohibida su venta y del dinero no se sabe.
Nadie se atreve a denunciar los fraudes en la Secretaría de Educación, en las universidades ni en las demás dependencias federales, y quien lo hace, lo acusan de no poder comprobarlo, pero si muestra un documento oficial, lo despiden también por haberlo sustraído, porque la norma así está estipulada, sólo para sancionar al trabajador, jamás a los funcionarios.
Pocos empleados tienen el valor civil para combatir la corrupción, así dieron de baja en la Secretaría de Salud aquí en Colima a unos amigos médicos hace algunos años, impidiéndoles jubilarse, porque acusaron públicamente de irregularidades al secretario de esta dependencia; el sindicato apoyó el despido de ese entonces.
Recuerdo también la denuncia que presentaron a la PGR y Contraloría de la SEP otras maestras que laboraban en un Cecati, aquí en la capital, para suspender a unos aviadores o fantasmas que aparecían en nómina local, ya que llegaban esos cheques de México, los cobraran aquí por terceros y se llevaban el dinero en efectivo a oficinas centrales. El resultado de la denuncia fue su reubicación y la amenaza de su despido, pero los que se robaron el dinero siguieron como altos funcionarios de la SEP durante muchos años. Este es el verdadero problema educativo nacional: aparecen y desaparecen escuelas privadas patito con o sin Revoe, ofreciendo bachillerato en 3 meses.
Por ello argumentamos, el SNTE o los pobres maestros no son los únicos culpables de la deficiente calidad educativa nacional, y aún así los acusan como los responsables, y les advierten a pesar que son los que están frente a grupo que les aplicarán examen, cuando éste debería ser más bien para los altos funcionarios, quienes llegan sólo a enriquecerse con los recursos de la educación, y muchos de ellos sin merecimiento ni experiencia alguna.
