NUESTRO estado requiere también de un “Pacto por Colima”, pero a corto y largo plazo, en donde participen, además de los partidos, los sectores empresarial, agropecuario, educativo, transporte, social, y los tres niveles de Gobierno para atender, de forma inmediata, los grandes problemas económicos y sociales del estado, porque hay preocupación y desesperación por el grave deterioro del ingreso económico familiar.
El presidente del país, Enrique Peña Nieto, logró concertar con los partidos: PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista, el famoso Pacto por México, un acuerdo trascendente que firmaron el 2 de diciembre pasado, necesario por el cambio de gobierno del PAN al PRI, y así lo han podido sostener hasta la fecha, para llevar a cabo las enmiendas que consideran urgentes para reorientar la economía de los mexicanos y del país.
Sin embargo, este Pacto vemos que es a largo plazo, porque las reformas tienen posturas encontradas de la CNTE y ahora de Cuauhtémoc Cárdenas y Obrador, y los mexicanos no podemos esperar mucho tiempo para saber quién tiene la razón.
Dimos el voto para el cambio inmediato del estilo de gobierno, no para que todo siga igual o peor, como se asegura en el caso de las reformas educativa o petrolera; se requiere que el cambio se sienta en los bolsillos en los hogares; y ya llegamos a su Primer Informe con puras discusiones de reformas; no podemos ver ni sentir en qué nos han beneficiado.
Mientras tanto en Colima y en la mayoría de los estados aumentan los divorcios, el desempleo, la violencia intrafamiliar, el abandono de las escuelas por la falta de dinero en los hogares, debido al gradual deterioro del ingreso de los trabajadores de las empresas o burócratas de los gobiernos federal, estatal o municipales, impactados por el aumento mensual de las gasolinas que aplica el Gobierno Federal, provocando incrementos de los precios de los alimentos y servicios de los mismos gobiernos, ya sean de agua potable, predial, luz, etcétera, que tampoco son congruentes con la realidad económica.
Las escuelas privadas y públicas están sin control y deterioran también la economía familiar, la mayoría abusan en el incremento de sus cuotas de inscripción, uniformes y colegiaturas mensuales por arriba de la inflación, a pesar de que algunas reciben presupuesto gubernamental. La gran preocupación de las familias de Colima y de todo el país es que el salario ya no ajusta, pues el jefe o jefa de familia ahora tiene que tener dos o tres empleos para ganar lo mismo que hace 6 años.
Analicemos algo sencillo. Tan sólo en el sexenio de Felipe Calderón el salario real de los trabajadores mexicanos registró una pérdida de poder adquisitivo del 42 por ciento, reveló el estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Se demostró que en su periodo el salario mínimo nominal diario en México pasó de 48.5 pesos a 62.3, mientras que el precio de la canasta alimentaria recomendada, definida como la canasta de alimentos recomendable para el consumo diario de una familia, pasó de 80.8 a 197.9 pesos, un aumento criminal; por ello se incrementó la pobreza en todo el país, y Colima no escapa a este gran problema: aumentan el costo de la gasolina mensual, suben los alimentos, pero no permiten aumentos salariales.
Por lo anterior, a Colima le urge el “Pacto por Colima”, pero no únicamente con la participación de los partidos para privilegiar las reformas que aprueban, sino que se necesita incorporar a los sectores empresarial, agropecuario, educativo y social para generar nuevos compromisos que lleguen a los bolsillos, acelerando el crecimiento económico mediante un pacto que beneficie a todos, como lo han logrado otros estados.
Veracruz acaba de anunciar, mediante un plan que ejercieron para la creación de 9 mil nuevas pequeñas empresas sin tanto burocratismo, mediante diferentes acuerdos y con recursos de los gobiernos estatal y federal; se instalan 600 grandes empresas, algunas de otros países, contemplan crear 230 mil nuevos empleos mediante una nueva estrategia estatal. Colima puede hacer lo mismo.
Estamos en la segunda mitad de la administración estatal de Mario Anguiano, que a pesar de la enorme e histórica deuda estatal heredada, ha sabido sortear los momentos difíciles; no podemos tampoco desconocer mediante un plumazo aquí sus obras y su esfuerzo por mantenerse en los primeros lugares en el país en sus acciones gubernamentales, para que Colima sigua siendo un estado privilegiado.
Pero el Gobernador sabe que ya entramos a la etapa política de la sucesión gubernamental y que a veces trae complicaciones en su ritmo de trabajo, pero la otra verdad es que hoy miles de hogares pasan momentos económicos muy difíciles que aprovechan las casas de empeño por el deterioro del ingreso de las familias.
Por ello, urge un pacto estatal de todos los sectores, incluyendo a los transportistas que dejan mucho que desear, afectando gravemente a la economía familiar por falta de acuerdos y supervisión.
El secretario de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, sabe cómo hacerlo, acaba de anunciar la necesidad de sentarse a dialogar en estos días con los partidos para un pacto en la reforma electoral con miras al proceso de 2015. Quizás sea conveniente analizar también la posibilidad de un nuevo pacto de trabajo coordinado, por el bien del estado. Rafael Gutiérrez, secretario de Fomento Económico, por su activismo se ve que también apoyaría este gran pacto, por el bien de Colima.
