(OEM/Informex).- El Congreso de Veracruz aprobó en primera instancia, con 39 votos y 5 en contra, la iniciativa que tiene la finalidad de garantizar la vida desde su concepción hasta la muerte natural, es decir, que prohíbe el aborto.
Entre las protestas de integrantes de grupos defensores de los derechos de las mujeres, treinta y ocho legisladores votaron a favor de la aprobación de la iniciativa en tanto que Jesús Alberto Velázquez Flores y Ana María Condado Escamilla (PRD), Ricardo Ahued Bardahuil (PRI), Cuauhtémoc Pola Estrada (MC) y Jesús Vázquez González y Mónica Robles Barajas, la única mujer, (PVEM) votaron en contra para sumar cinco votos. Posteriormente, Ricardo Ahued subió a tribuna para rectificar el sentido de su voto «a favor» aunque éste quedó oficializado como «en contra» porque la rectificación la hizo fuera del orden en que debía hacerlo.
La iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo adiciona un segundo párrafo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado recorriéndose los subsecuentes. Dicho párrafo establece que «el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos; salvo las excepciones previstas en las leyes».
En su exposición de motivos, el mandatario estatal establece que entre los derechos del hombre, el más fundamental es el derecho a la vida, ya que de él se desprenden todos los demás derechos y que es imperativo que la Constitución Política del Estado de Veracruz se actualice con los llamados derechos humanos de primera generación y regule expresamente dicho derecho fundamental al igual que lo hace con la prohibición de la pena de muerte.
Manifiesta que con respecto del momento en que surge la vida de todo ser humano, por tratarse de un aspecto que requiere la opinión de expertos se ha recurrido a los argumentos que diversos científicos han expresado con relación al tema, entre ellos la doctora María Cristina Márquez Orozco, quien fuera requerida para participar como perito de concepción y vida humana en el seno materno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la acción de inconstitucionalidad número 146/2007 y su acumulada 147/2007. Ahí, indica la iniciativa, la especialista refirió que «la fecundación in vitro y el desarrollo de un embrión fuera de la madre es una prueba de su autonomía fisiológica durante la formación de los primeros blastómeros. Por esta condición se puede asegurar que el embrión constituido por la unión de un óvulo y un espermatozoide es un ser único e irrepetible distinto a la madre, pues desde la formación de las gametas se recombinan los genes de los cromosomas al azar, de manera que no son los mismos del padre y la madre».
El documento cita también al doctor Fabio Salamanca Gómez, médico cirujano por la Universidad Nacional de Colombia, especialista con posgrado en Genética Médica por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ante los ministros de la SCJN afirmó que «la condición de humano, como se ha anotado con anterioridad, está presente desde la unión misma del óvulo y el espermatozoide en el proceso de la fertilización, ya que su genoma contiene las instrucciones de un plan de desarrollo corporal particular para la especie humana y como se anotó con anterioridad, cuenta con genes que son exclusivos para los seres humanos…».
Además, el documento recuerda que la SCJN emitió la siguiente jurisprudencia definida: «Derecho a la vida. Su protección constitucional. Del análisis integral de lo dispuesto en los artículos 1, 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que al establecer, respectivamente, el principio de igualdad de todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional, por el que se les otorga el goce de los derechos que la propia Constitución consagra prohibiendo la esclavitud y todo tipo de discriminación; que nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de la vida sin cumplir con la garantía de audiencia; esto es, mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se sigan las formalidades del procedimiento; y que la pena de muerte sólo podrá imponerse contra los sujetos que la propia norma constitucional señala, protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos».
LA ÚNICA MUJER EN CONTRA DE ESTA DISPOSICIÓN
La diputada Mónica Robles Barajas afirmó que la aprobación del contenido del segundo párrafo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado es la vía para criminalizar a las mujeres veracruzanas que decidan practicarse un aborto. «Esas mujeres serán criminalizadas, perseguidas y hostigadas por autoridades de Salud y del Poder Judicial», advirtió la legisladora. Acusó que la iniciativa «no tiene otra justificación, más que una razón política de negociación, y eso es lo más triste».
Al subir a tribuna, la legisladora cuestionó a sus compañeros congresistas: «¿Ustedes creen que alguna mujer que aborta lo hace con gusto, como si fuera al dentista y se sacara una muela?, ¿por qué tendríamos que meterla a la cárcel?, en todo caso, tendríamos que meter también al hombre que ha sido parte indispensable para que se pudiera dar el embarazo no deseado».
La presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género del Congreso del Estado manifestó que las repercusiones más graves que traerá consigo la aprobación de la iniciativa se verá reflejada en las mujeres de escasos recursos, pues de acuerdo a estadísticas son ellas quienes más practican el aborto. «SI aprobamos esta iniciativa, estaremos equiparando el aborto al homicidio doloso y por lo tanto será sancionado como un homicidio. No importando cuándo se esté dando este aborto, si en los primeros días o en las primeras semanas», aseveró.
Mónica Robles Barajas enfatizó que la aprobación de la iniciativa obstaculiza el reconocimiento y el ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer, contrariando la vocación legislativa de Veracruz con respecto de la garantía y vigencia de los derechos humanos de las mujeres.
Al subir a tribuna, el diputado Ricardo Ahued Bardahuil expresó que la sociedad en general debe saber comprender y respetar a las mujeres que sufren el trauma del aborto. «Ojalá el estado mexicano tenga la voluntad de enviar a la sociedad, a los jóvenes, material suficiente para evitar el trauma de llegar a acontecimientos de aborto más allá de lo que prevé la Constitución».
El legislador indicó que la educación, la formación, el apoyo y la orientación sexual en México es importante y que quienes están a favor y en contra de la interrupción del embarazo son seres humanos y merecen respeto.
Afirmó que el tema «no es político ni se debe abordar para que alguien saque raja. Aprecio y respeto la decisión de las mujeres, de las familias y vengo a ratificar la mía que por un asunto del tablero lo hice mal, que quede constancia cuál es el sentido de mi voto (a favor) y cuál es mi punto de vista y espero que quede corregido», dijo.
VOCES DE PROTESTA
Durante el minuto previo a la votación de la iniciativa enviada por el gobernador del estado, integrantes de grupos defensores de los derechos de la mujer levantaron su voz en el recinto oficial de sesiones.
Con pancartas hicieron saber a los legisladores su desacuerdo con la iniciativa. Al mismo tiempo gritaban «Aborto sí, aborto no; eso lo decido yo» y «Saquen sus rosarios de nuestros ovarios». Con esas acciones se intentó persuadir el voto de los legisladores sin éxito alguno.
En el recinto oficial de sesiones estaban también presentes mujeres integrantes de grupos católicos que vieron con estupor la protesta de las defensoras de los derechos de la mujer.
La aprobación, en un primer periodo de sesiones, del dictamen para que el estado garantice el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural toma de sorpresa a los colectivos feministas y a la sociedad en general por la ausencia de debate en torno del tema; es una ley regresiva que se debe discutir y por ello se iniciará una campaña para echar atrás esta legislación, afirmó Constantina Sánchez, integrante del Frente Popular de Mujeres.
