13/10/2016.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular por 303 votos a favor, 31 en contra y 15 abstenciones la minuta que expide la ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Asimismo, las reformas a los artículos 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 3 de la Ley de Planeación.
El documento avalado por el pleno deroga la Ley General de Asentamientos Humanos de 1993 y fue devuelto al Senado de la República.
Para fundamentar el dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, hizo uso de la tribuna el diputado Pablo Bedolla López, quien señaló que el objetivo es tener un marco normativo que se encuentre a la vanguardia de los lineamientos internacionales.
Asimismo, abundó, que satisfaga las necesidades de la población para llevar a cabo asentamientos regulados, normados por una legislación estricta en su aplicación, al mismo tiempo sensible y respetuoso a los derechos humanos y amable con el medio ambiente.
Indicó que con el proyecto emitido por el Senado y con el cual se coincidió al llevar a cabo algunas modificaciones, fue con el único propósito de perfeccionar el documento. Este nuevo enfoque urbano, aseveró, tiende a ser incluyente, desinteresado, colaborativo y flexible.
Apuntó que es un modelo que reenfoca los esfuerzos gubernamentales para garantizar que los espacios públicos permitan la evolución de la ciudad a través del tiempo donde todo ciudadano tenga la posibilidad de ser el protagonista de su propio desarrollo de acuerdo a sus necesidades, preferencias y capacidades en un marco de certidumbre jurídica, donde se garantice el respeto total a los derechos humanos.
Sostuvo que esta novedosa ley, incorpora y señala los principios de política pública donde destaca un decálogo de principios que regirán las políticas y programas para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.
Además, el derecho a la ciudad, a la propiedad urbana, la equidad de inclusión, la productividad y eficiencia, la protección y progresividad del espacio público, la sustentabilidad ambiental y la accesibilidad y movilidad.
Manifestó que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, al realizar el análisis de los contenidos y alcances, tomó en consideración que la legislación en materia de asentamientos humanos surge en 1976.
Por ello, dijo, esta el coincidir plenamente con el proyecto enviado por el Senado, en el sentido que se requiere una legislación que responda a los retos del país, que se manifiestan en desorden, carencias y deterioro urbano.
Asociado, explicó, a la falta de planeación, la poca cultura de prevención y la carencia de instrumentos adecuados que permiten una efectiva ordenación del territorio a través de una política de Estado que defina claramente obligaciones y sanciones para quien infrinja la ley.
Mencionó que ante la carencia de una política integral de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, y con limitados instrumentos de coordinación, el proceso de urbanización se caracteriza por su dispersión, alto costo y desarticulación, con consecuencias en la mala calidad de vida de la población y la falta de acceso a los servicios.
Adicionalmente, continuó, la presencia de fenómenos naturales adversos producto del cambio climático se intensificó en los últimos años, lo que hace necesario contar con instrumentos que permitan prevenir los daños que puedan causar estos acontecimientos.
Por lo tanto, subrayó, es imprescindible renovar la visión del modelo urbano con el que se construyeron las ciudades.
Es necesario, aseveró, armonizar las regulaciones en la materia con los estándares internacionales en materia de protección civil, impulsar planes de desarrollo que incorporen de forma obligatoria la gestión integral del riesgo.
Así como dar herramientas a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que puedan participar en la regulación y sanción de asentamientos humanos, por lo que es necesario un nuevo marco legal relacionado con el ordenamiento territorial que responda a la problemática y retos de hoy.
Una nueva ley, sostuvo, que fortalezca los instrumentos de planeación, regulación y desarrollo de los asentamientos humanos, en particular al atendiendo a la gobernanza metropolitana y al crecimiento urbano.
Con esta minuta, aseveró, se adicionan principios que promueven y garantizan ciudades más incluyentes, seguras, resilientes, productivas, sostenibles y al mismo tiempo establecer un sistema que procure la defensa de los derechos humanos vinculados al ordenamiento territorial.
En su caso, mencionó, sanciones para quienes incumplen los propósitos y programas en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que 78 por ciento de los mexicanos hoy vive en una ciudad, más nos debería importar que el 60 por ciento está concentrado en tan sólo 59 ciudades y sus zonas conurbadas.
La importancia de esta ley, aclaró, no radica sólo en que nos actualiza con la legislación internacional, ni tampoco en que introduce conceptos que algunos ven como modas, «su importancia, está en que el futuro de todos nosotros está en las ciudades».
La panista Arlette Muñoz Cervantes aseguró que esta nueva ley permitirá ir hacia nuevos modelos de planeación de las ciudades, con mucho más orden, sustentabilidad y coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.
Ana Leticia Carrera Hernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que esta ley debe perfeccionarse con el objetivo de clarificar el funcionamiento, integración y temporalidad de los que formarán parte del consejo nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), externó la importancia de la planeación para el desarrollo de las ciudades en el mundo.
Fuente: Terra
