COLIMAMEDIOS.
MEXICO.- Ante las graves amenazas de muerte en contra de sus dos menores hijos, la segunda ex pareja sentimental del ministro Genaro David Góngora Pimentel solicitó al gobierno federal y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México le brinden seguridad para garantizar la integridad de su familia.
De acuerdo con la ex magistrada federal Rosalba Becerril Velázquez en las últimas dos semanas, sus hijos de 17 y 7 años de edad han sido víctimas de llamadas amenazantes e incluso intentos de secuestro, por lo que teme que algo grave pueda ocurrirles.
En el marco de una conferencia de prensa, Becerril Velázquez también demandó al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al Congreso de la Unión que haga una comisión investigadora para que dé seguimiento a las decisiones arbitrarias e ilegales que vertieron en su contra los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que a pesar de no existir ninguna acusación ni hecho imputable a su persona por su desempeño como juzgadora, contribuyeron a desprestigiar su carrera judicial no siendo ratificada en su cargo hace varios años.
Visiblemente molesta por la difusión que se le dio a la demanda de pensión alimenticia que interpuso hace un par de semanas contra el ex presidente de la Corte en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Rosalba Becerril aseguró que su trayectoria como juzgadora no es hechura de Góngora, ni de nadie y que su desempeño laboral siempre fue apegado a derecho, sin gozar de ningún privilegio por parte de Góngora Pimentel, con quien desde hace muchos años no ha tenido contacto, aseguró.
En el encuentro con los medios de comunicación la ex magistrada, quien dijo que padece Lupus y que pese a ello sus dos hijos “se encuentran sanos y hermosos”, demandó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal mantenerse callado respecto a su demanda de pensión alimenticia y respetar la ley de transparencia vigente en el Distrito Federal, misma que prohíbe como funcionario y juzgador dar detalles públicamente del litigo que ha decidió emprender porque al hacerlo no solamente viola la ley, sino que también vulnera los derechos humanos de sus hijos al ser menores de edad.
