La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso seis denuncias penales y 12 administrativas contra servidores de la administración pública federal y del gobierno de Guerrero, derivadas de la recomendación 15VG/2018, emitida hace ocho meses por violaciones graves a los derechos humanos en el caso Iguala.
Las denuncias penales fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 22 de junio, contra 235 personas del servicio público, mientras que las administrativas incluyen a 140 servidores.
Además, siete quejas fueron llevadas a la Secretaría de la Función Pública y una ante cada una de las siguientes instancias: Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal; Órgano de Control Interno de la Secretaría de Seguridad del Estado de México; Contraloría Interna de la Fiscalía General de Guerrero; Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud de Guerrero, y Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
En un comunicado, el organismo detalló que, de los 235 servidores públicos denunciados penalmente, 116 (82 de orden federal y 34 del estatal) “realizaron actos y omisiones durante la investigación, posiblemente constitutivos de delito que corresponderá determinar” a la FGR.
