Por Abel González Sánchez
Resulta curioso, risible y absurdo que los diputados federales y senadores entre ellos los colimenses que hoy buscan la gubernatura o nuevos cargos relevantes aprueben reformas que afectan gravemente a miles de pequeños comercios con la reforma hacendaria, a miles de maestros en sus derechos laborales con la nueva Ley de Educación y permitan además ahora afectar al comercio internacional, nacional y estatal con la aprobación del decreto federal No. 39 que es la inminente militarización de los puertos del país.
Las criticadas reformas de la actual administración federal que han pegado fuerte como el caso de la nueva ley de hacienda que ha causado terror a miles y miles de negocios pequeños en todo el país, porque hacienda prevé el pago del seguro social y facturas electrónicas provocando cierres masivos, cuando ni los gobiernos federal, estatales y municipales cumplen con estos requisitos ya que ahora contratan a sus nuevos empleados por honorarios sin ninguna prestación médica o social, si no por contratos más abusivos limitados que los propios empresarios.
El Gobierno federal mediante sus representantes en los estados, que son los diputados federales y senadores porque parece que ya no nos representan a los ciudadanos, tomaron como argumento la supuesta infiltración de las organizaciones criminales en los puertos, sin acreditar nada, porque no hubo evidencia para permitir quitarle el mando de los puertos a la sociedad civil y pasarla a los militares.
Porque en realidad ya se tenían estructuras de la PGR y La Marina en cada puerto para vigilarlos permanentemente, porque curiosamente la API no tenía facultades para revisar ni un solo contenedor, si no se hacía en coordinación, la API atendía más bien la administración económica portuaria.
Por tal motivo es preocupante que ahora militares interfieran las actividades económicas empresariales, y hagan a un lado a la sociedad civil, luego entonces no era cierto que la alta criminalidad va a la baja, ¿Entonces para qué militarizarlos? Para qué intervenir el control económico en la administración portuaria, al tomarlas es militarizarlas.
Nuestros legisladores federales, que nada saben de comercio internacional, ni de aduanas ni de puertos, solo paran la mano sin reflexión, en busca de nuevos cargos, pues el comercio internacional es la recepción o despacho de barcos y mercancías, son asuntos empresariales, comerciales, no asuntos militares.
Ojalá un solo diputado federal o senadora de Colima de los que buscan la gubernatura se atreva a explicarnos bien en rueda de prensa la justificación por haber levantado el dedo para aprobar el decreto No 39 que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableciendo que el estado Mayor General de la Armada, en coordinación con la Dirección General Adjunta, crearon las Unidades Navales de Protección Portuaria (Unaprop) en 19 terminales marítimas del país, entre ellas la de Manzanillo, para usurpar las funciones administrativas de la API.
¿PORQUE AFECTA A COLIMA LA MILITARIZACIÓN DE LA API?
Aquí no tratamos de criticar o defender a Jesús Orozco Alfaro por su salida del API por ese decreto, ni pierde fuerza política el gobernador ni se fortalece Peña Nieto, lo que analizamos aquí es que quedan en verdadero ridículo nuestros legisladores federales colimenses que no saben ni lo que aprueban, como lo hicieron también en el sector educativo, con la nueva Ley de Educación borrando de un plumazo los derechos de antigüedad de los miles de maestros del SNTE para suspenderlos si no pasan las pruebas que aplicarán, pero resulta que los diputados no aprobaron para aplicar exámenes a los altos funcionarios de la educación y que no tienen ni el perfil de maestros.
Afecta a Colima y al país este decreto federal No. 39 y en especial a Manzanillo porque los militares comisionados a la API no serán de Colima y serán muy fríos, casi de piedra para obtener de ellos mayores recursos y obras compensatorias para el puerto y para la entidad. Están también sorprendidos la mayoría de empresarios exportadores e importadores, porque lejos de facilitar las operaciones portuarias podrían complicarse, porque no serán expertos en administración, ni comercialización ni de aduanas si no en seguridad, ¿Qué nos pasa? por lo pronto ya trascendió que hoy viernes asume este cargo el Vicealmirante Jorge Rubén Bustos Espinoza.
Y las pregunta pendientes de los ciudadanos son ¿Cuáles legisladores federales de Colima aprobaron este decreto?
abel.glezs@hotmail.com
