COLIMAMEDIOS
Fuente|DiarioDeColima
Únicamente Colima y Comala resultaron sin observaciones; proponen aplicar amonestaciones administrativas, económicas e inhabilitaciones contra 43 servidores públicos
El Congreso del Estado aprobó las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2012 de las 10 Administraciones Municipales, con observaciones y sanciones administrativas e inhabilitaciones para funcionarios y ex funcionarios.
Se detectaron anomalías en ocho de los 10 Ayuntamientos del estado: Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Minatitlán, Coquimatlán, Ixtlahuacán y Armería.
Únicamente Colima y Comala resultaron sin observaciones ni sanciones en sus cuentas públicas del ejercicio fiscal 2012, una vez que se manejaron con eficiencia en el gasto público.
La sesión del Congreso, la cual se encontraba programada para las 12 del día, se inició a las 3 de la tarde, prolongándose la misma hasta la madrugada de este día.
Las cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2012 fueron fiscalizadas por el personal del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig).
En total, el Congreso del Estado dictaminó sanciones económicas, administrativas, amonestaciones públicas e inhabilitaciones en contra de 43 servidores públicos de ocho de los 10 ayuntamientos.
Debido a que no asistió el diputado del PVEM, Mariano Trillo Quiroz, ello provocó que en la votación de la cuenta pública de Manzanillo se tuviera que realizar en “una segunda vuelta”.
En la primera ocasión no alcanzaron la mayoría de votos, logrando apenas 12 a favor, nueve en contra y tres abstenciones.
Se proponía sancionar con amonestación pública a Mario Alberto Morán Cisneros, ex oficial mayor del Ayuntamiento de Manzanillo.
Este ex Funcionario en la cuenta pública del año anterior ya había sido sancionado y de acuerdo al artículo 50 de la Ley de los Servidores Públicos, debía ser inhabilitado, por lo que solicitaba que se regresara a comisiones el referido documento.
La propuesta fue desechada y finalmente la cuenta pública de Manzanillo fue aprobada.
En lo que fue el Ayuntamiento de Tecomán, los diputados aprobaron la propuesta de sanción para el ex alcalde Saúl Magaña Madrigal y varios ex funcionarios más, en donde las sanciones van desde administrativas hasta económicas.
A Saúl Magaña Madrigal se le impone una sanción administrativa consistente en amonestación pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia.
Así también sanción económica directa por 201 mil 886 pesos y sanción subsidiaria de 146 mil 160 pesos, por omisión de vigilancia de sus subalternos que causaron daños a la hacienda pública.
Por lo que se refiere a las cuentas públicas de Villa de Álvarez, la mayoría de los diputados locales votaron a favor de inhabilitar por 5 años para ocupar cargos públicos al ex presidente municipal interino de Villa de Álvarez, Enrique Monroy Sánchez, quien además debe regresar 2 millones 788 mil pesos.
También se votó a favor de sancionar al ex director de mantenimiento, Sergio Negrete, a quien lo inhabilitan y debe regresar 2 millones 733 mil pesos.
A Ramón Chávez, ex director de Obras Públicas, se le inhabilitó para ocupar cargos públicos y deberá regresar al erario municipal más de 3 millones de pesos. Gretel Escoto, quien se desempeñaba como directora de Desarrollo Urbano, debe regresar más de 3 millones de pesos.
Luis Alberto Cano, quien era director de Ingresos, fue inhabilitado por 5 años; José Luis Michel, quien era oficial mayor, lo inhabilitaron 5 años y tiene que regresar 2 millones de pesos.
Al ex tesorero Manuel Olvera lo amonestaron y debe regresar un millón 894 mil pesos.
Asimismo, Adolfo Santana Reyes Virgen, Jaime Velasco, José María Venegas, a todos ellos se votó a favor de inhabilitación por 5 años y deben regresar más de 3 millones de pesos.
Por lo que se refiere a Cuauhtémoc, se aprobó una sanción administrativa en contra de Óscar Orozco Gómez, ex director de Desarrollo Rural, consistente en una amonestación pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público, por los actos u omisiones.
Asimismo, a Heriberto Joel Ibáñez Espinoza, ex oficial mayor, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en apercibimiento privado.
En el caso del Ayuntamiento de Coquimatlán, el Congreso dictaminó sancionar administrativamente a Zenaido Hernández Estrada, ex director de Ingresos, con una amonestación pública, y una sanción económica directa por 130 mil 709 pesos.
En lo relativo al Ayuntamiento de Armería, el Congreso aprobó sancionar a Patricia Gómez Soltero, ex oficial mayor, consistente en apercibimiento público.
En el municipio de Minatitlán, fueron sancionados Alfonso Ruiz Rodríguez, ex oficial mayor, a quien se le amonesta públicamente, al igual que a Francisco Javier Magaña Curiel, ex tesorero municipal, a ambos por omisiones en el cargo desempeñado.
La sesión del Congreso del Estado se prolongó en la madrugada de este día y al cierre de la presente edición aún faltaba por aprobar las cuentas públicas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los nueve organismos operadores de agua potable.
Sin embargo, en forma extraoficial se tuvo conocimiento de que en las cuentas públicas de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, únicamente se impuso una sanción administrativa contra un funcionario de la Dirección de Adquisiciones del Gobierno del Estado.
En las cuentas públicas de los Poderes Legislativo y Judicial no se detectaron irregularidades, según se dio a conocer extraoficialmente.
Por lo que se refiere a los nueve organismos operadores de agua, los diputados aprobaron sanciones contra algunos funcionarios de dichos organismos operadores de Manzanillo, Tecomán e Ixtlahuacán.
El presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso, Martín Flores Castañeda, anoche consideró que la sesión del Poder Legislativo podría concluirse hoy entre las 5 ó 6 de la mañana.
Sin embargo, el PAN adelantó que votaría en contra del dictamen relativo a las cuentas del Gobierno del Estado, por considerar insuficientes las sanciones propuestas en el mismo, respecto a las graves irregularidades detectadas en su ejercicio.
Idéntico pronunciamiento fue realizado por la bancada perredista.
