COLIMA vive, al igual que otros estados, un desorden en materia de planeación y coordinación institucional educativa, lo que ha permitido que la educación baje su calidad y sea un verdadero negocio, afectando la economía familiar, permitiendo una gran deserción escolar que supera el 50 por ciento en los bachilleratos, a pesar de que las autoridades federales de la SEP han publicado, mediante decreto, que el bachillerato es gratuito a nivel nacional.
El Congreso de la Unión decretó la validez constitucional para que el bachillerato fuera obligatorio y gratuito, luego de que 22 Congresos estatales avalaron la reforma a los artículos 3 y 31 de la Constitución, que obliga al Estado a otorgar educación laica y gratuita, no únicamente en primaria y secundaria, sino también en el nivel medio superior; esta medida tendrá un periodo de 10 años para que su cobertura sea total en el país.
La reforma constitucional tuvo el voto aprobatorio también del Congreso de Colima, el decreto federal lo firmó Felipe Calderón, pero lo curioso es que en todo el país, incluido nuestro estado, en ningún bachillerato permitirán el ingreso a los alumnos que no han pagado su inscripción; por el contrario, en lugar de suspender las cuotas o bajarlas, aumentaron de 900 pesos a más de mil pesos, disfrazándolas como cuotas de recuperación, a través de los comités de padres de familia. ¿Qué nos pasa? ¿Para qué engañar a la ciudadanía de que es gratuita? Se debe hablar con la verdad si no hay recursos.
En la Universidad de Colima sucede lo mismo: si no pagas, no entras al aula, así de sencillo; además, ahora tienen que costear hasta el servicio social y laboratorios con dinero en efectivo. En el Tecnológico Regional, muchos padres de familia se están quejando porque ahora obligan a los alumnos a realizar un curso de inglés forzoso que cuesta cerca de 2 mil pesos; los títulos profesionales en todas las facultades ahora tienen un costo de más de 10 mil pesos, mientras que el trámite en México, la SEP lo cobra cerca de mil pesos.
Por otra parte, trascendió públicamente la queja de estudiantes por presunto fraude, porque el Instituto José Martí no logró el permiso que dijo había solicitado para acreditarles la especialidad que estaban cursando, y descubrirse ahora por el propio titular de la SEP, Ulises Cortés Montero, que no existía ningún trámite de dicho permiso.
El hecho de que el líder sindical de la Sección 6 del SNTE, Jesús Villanueva, haya demandado públicamente que dieran a conocer la lista sobre las “escuelas patito” para evitar irregularidades y asistencia de alumnos a escuelas sin reconocimiento oficial, es algo que debe preocuparnos, pues simplemente se reconoce que hay desorden y engaños en el sector educativo, tema que nos ocupa.
Guillermo Rangel inició bien como nuevo secretario del sector, al obligar a todos los funcionarios a encerrar todos los vehículos oficiales los fines de semana, entre otras acciones; sin embargo, hay muchos cabos sueltos más relevantes en esta Secretaría, entre éstos, la urgente necesidad de renovar y hacer trabajar al Consejo Estatal de Educación para mejorar la coordinación institucional educativa en la entidad.
Hay confusión en las familias porque pensaban que en los bachilleratos no cobrarían la inscripción por ese decreto presidencial, tampoco saben que la SEP es la que controla los bachilleratos denominados CBTIS y que deciden sus cuotas al margen de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado o la Universidad de Colima; hay confusión también para las familias y estudiantes de las escuelas que ofrecen carreras sin tener los permisos oficiales.
Aunque el problema de fondo es que los legisladores locales deberían modificar la Ley de Educación en el estado para clausurar cualquier escuela que inicie cursos con la sola solicitud de su trámite denominado RVOE, ya que primero abren y cobran mensualmente a los alumnos, y después de algunos años les informan si lograron o no el permiso, lo cual es injusto; es la pésima costumbre de todas las escuelas privadas.
Colima requiere, por lo anterior, de un órgano de asesoría y consulta del Ejecutivo estatal y la Secretaría de Educación para la planeación, programación, coordinación, supervisión y operación del sistema educativo estatal, con la participación de los educadores, estudiantes y padres de familia, así como de las diferentes instituciones, organismos académicos y distintos sectores interesados en la transformación del sistema educativo en la entidad; urge este Consejo Técnico de Educación.
En este mismo tema, es una satisfacción que Emilio Chuayffet, titular de la SEP, le haya dado la oportunidad al Ejecutivo estatal para hacer tres designaciones del sector educativo que representarán a la propia Secretaría, la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Dirección General de Educación Técnica; se trata de Ulises Cortés, quien fuera dirigente estatal del PRI; Armando Barbosa, quien fuera parte de la dirigencia estatal del SNTE Sección 6; y Perla Vázquez Montes, que ocupara un cargo similar en la Secretaría de Educación.
Son tres colimenses que tienen la gran oportunidad de transformar a fondo los diferentes centros educativos, denominados CBTIS, Cecati, CBETA y Cetis, que pueden integrarse al proyecto educativo estatal, si es que existe, pero deben superar, y pronto, primero los conflictos heredados; veremos pronto si el cambio fue para bien.
