LA POLITIZACIÓN POR LA SEGURIDAD PÚBLICA

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Análisis Político

Por Abel González Sánchez

 

Las comparecencias en la glosa o análisis del informe anual del gobernador es un ejercicio político obligado por la ley para efectuar una evaluación también política sobre el desempeño de la administración y de sus Secretarios del Gabinete, en donde los diputados que representan a los ciudadanos y a los partidos políticos o en forma independiente, diseñan su crítica fuerte, halagos o posicionamientos al trabajo realizado a los funcionarios al subirse en el banquillo de los acusados, y como el tema más relevante que se politizó fue el de seguridad pública,  exponemos un análisis al respecto.

 EL GOBERNADOR Y EL SECRETARIO GENERAL Ignacio Peralta, gobernador del Estado de Colima,  demostró capacidad de tolerancia y experiencia política para dar respuesta oportuna y adecuada a cada señalamiento fuerte, desmintiendo claramente las especulaciones, lo mismo lo hizo Arnoldo Ochoa como Secretario General de Gobierno, quien fue inclusive señalado por un diputado como el responsable de llevar muy mal la gobernabilidad estatal, respondiéndole mesuradamente que el ejecutivo estatal mantenía la gobernabilidad mucho mejor que en otras entidades en donde la violencia ya no permite ir a determinadas regiones o municipios o lugares públicos, dijo que aceptaba razonamientos, pero rechazaba también acusaciones falsas y evaluaciones efímeras sin bases, hasta acreditó a los medios que es falso el documento que exhibieron en redes de que no pasó el examen de control de confianza y les entregó copias de las sentencias en los tribunales de un terreno que dicen despojó haciéndole grilla en ese mismo recinto.

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA El Secretario Miguel Alberto Sanmiguel Sánchez dijo “La seguridad es responsabilidad de todos”. No nos gustan los resultados que hemos alcanzado porque también no todos cumplimos parejo, (refiriéndose quizás a los municipios y a la Pgr que es responsable de perseguir e investigar a la delincuencia organizada conforme a la ley federal, pero pareciera que ésta Pgr no existe en Colima y en el país), y agregó, la instrucción es seguir trabajando para bajar esas cifras de incidencia delictiva, destacando que de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, se han realizado 14,043 operativos”.

FISCALÍA GENERAL El que se llevó los aplausos en el tema de seguridad pública fue Gabriel Verduzco Rodríguez, por dos razones, porque agarró a los diputados ya muy cansados por todo el combate político de la semana, y porque se notó bien claro que los partidos enfocaron sus ataques al Ejecutivo Estatal y a la Secretaría General para tratar de evidenciar a la administración estatal, porque a los que están realmente al frente de estas áreas de seguridad no los cuestionaron duro, inclusive a Gabriel Verduzco ni siquiera le hicieron la pregunta más relevante y quedó pendiente, es la investigación de la ejecución de la Directora y Subdirector de Seguridad Pública de Armería.

Los legisladores descuidaron esta y muchas otras interrogantes importantes y tampoco llegaron a puntos concretos, entre el Gobierno Estatal y el Congreso Local, como pudieron haber analizado bien el Mando Único o el Mando Mixto, llegar a un pacto estatal de los tres niveles de gobierno como lo propusieron tanto el gobernador, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Seguridad y también al final el Fiscal General, pero no entendieron para coincidir en firmar un pacto por la seguridad. Pero los legisladores al final sí coincidían todos en atender la problemática estatal y esto era también correcto.

El Fiscal precisó que en 2016, hubo 530 homicidios de la delincuencia organizada considerados del fuero federal, 773 en 2017 y que en este 2018 se tienen 598, debido a su reorganización interna ha logrado recuperar un mayor número de vehículos robados y se han remitido al Cereso una gran cantidad de personas que se dedican a la delincuencia. Exhortó a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, así como al Congreso y al Supremo Tribunal de Justicia en realizar un gran pacto para cerrar filas y enfrentar todos coordinados el problema de la inseguridad.

Gabriel Verduzco como Fiscal General, mandó un mensaje muy claro a la ciudadanía con la asistencia de sus hijos, esposa y familiares a dicha comparecencia, y todavía remató “Yo soy de Colima y también me preocupa sobre lo que nos pasa a todos los colimenses” esto fue base para cambiar la percepción en el Congreso, pues con ese gran detalle, el Fiscal daba entender que no tiene compromisos con la delincuencia organizada y que vive además en esta ciudad, tan es así que Fernando Antero representando al PAN en su intervención rápido capto dicho mensaje y le reconoció esa distinción de ser de Colima, dijo que es un valor agregado muy importante el ser colimense porque le da confianza a la ciudadanía, aquí nos conocemos todos, además de reconocerle su trayectoria laboral en las áreas de seguridad empezando por haber sido agente del ministerio público y conocer muy bien la problemática local y le valoró el reto de atender 29 mil carpetas de investigación que había informado. Cabe aclarar que la Fiscalía General ya no depende directamente del Gobierno Estatal porque es un organismo autónomo y pudo no asistir.

LOS DIPUTADOS Aunque los diputados han sido muy cuestionados por algunos medios por su dureza y poca habilidad política en sus planteamientos, la gente no los vio tan mal, esa es mi percepción, algunos legisladores sí hicieron propuestas serias, responsables o críticas muy bien fundamentadas, otros diputados aprovecharon la tribuna para el lucimiento y la crítica, pues es parte del juego para forjar liderazgos. En síntesis fue un excelente ejercicio democrático que pude mejorarse en un futuro. Antero por ejemplo es un legislador con experiencia pues ha sido varias veces legislador, como Remedios Olivera, Rogelio Rueda o Martha Meza, sobresalieron también Guillermo Toscano como un buen operador de las comparecencias, Vladimir Parra, Carlos Cesar Farías, Miguel Ángel Sánchez, Rosalba Farías entre otros.

Pero Fernando Antero sobresalió ante el Fiscal porque dijo que PAN dará todo el apoyo para atender la problemática de la seguridad pública estatal y exhortó a integrar una plan estatal para limpiar a Colima y resolver todos juntos el problema con el apoyo de los municipios, y denunció que es lamentable que hoy se tengan en Colima cerca de 600 desaparecidos, algo debe hacerse, no se vale que esas pobres familias con desaparecidos vayan desesperados a las brechas, a los cerros a buscar a sus hijos y remató que se sabe que los delitos inician en los municipios, y que la delincuencia organizada vulnera más a las áreas de seguridad municipal y que por ese motivo debe haber más vinculación, depuración policial y coordinación de los niveles de gobierno.

¿LA CULPA SERÁ SOLO DEL GOBERNADOR? Los alcaldes brillaron por su ausencia para valorar la problemática estatal, recordemos que los diputados y partidos que son opuestos en su mayoría al Gobierno Estatal desde hace tres años, cuando también inició a gobernar Nacho Peralta, enfocaron sistemáticamente sus ataques culpando reiteradamente al gobernador como el único responsable de la seguridad, después incluyeron al Secretario General de Gobierno, sabemos que sí hay una alta incidencia delictiva, que es grave y cierta, pero hay en Colima una muy mala percepción de que es el único culpable, analicemos, no hay un diseño o una política estatal para cambiar esta mala percepción y re direccionarla, el propio PRI estatal es parte de la culpa, ha descuidado mucho este tema, sus regidores en los Ayuntamientos y sus diputados locales del PRI, parecían en los tres años pasados más de la oposición haciendo hasta malas conjeturas, el PRI estatal se deslindó cómodamente y completamente de la seguridad pública, nunca le entró al tema, ni cuestionó duro ni nunca se acercó las áreas de seguridad pública para establecer alguna coordinación para la prevención y menos en contrarrestar los ataque sistemáticos de los partidos opuestos tanto en colonias y barrios.  Por otra parte la Pgr del gobierno federal que es la responsable de perseguir e investigar a la delincuencia organizada conforme a la ley, prácticamente no existe, pues no tiene vehículos ni personal para hacerlo y nadie dice nada.

El Gobierno del Estado por su parte ha recibido critican muy duro hasta de los alcaldes, pero los municipios únicamente agarran a los borrachitos y se ensañan con los que chocan. Dicen que no saben nada de lo que ocurre en sus municipios, ¿Será? Analicemos el suceso de la muerte de un pequeño empresario muy conocido ejecutado por la avenida San Fernando en la capital lo que motivó inclusive a la destitución política del Procurador de Justicia y de un Secretario de Seguridad Pública, error político porque con ello asumía el Gobierno Estatal un supuesto descuido de sus áreas de seguridad, cuando el principal responsable políticamente hablando era más bien la Dirección de Seguridad Municipal de Colima y más aún de Héctor Insúa como alcalde panista ya que no contrató más policías, en lugar de gastarse casi todo el presupuesto en la diversión con espectáculos, porque realmente esa muerte sin detención alguna era un descuido estratégico de los policías municipales del Ayuntamiento de Colima, porque el primer cuadro de la ciudad capital, es una área que les compete a ellos. Falta entonces re direccionar también la percepción social de los medios y actores políticos estatales y ubicar en donde están las verdaderas fallas en temas de seguridad pública, independientemente de la falta de recursos y patrullas.

¿EN DONDE ESTÁN LAS FALLAS? Al margen de la alta incidencia delictiva que nadie duda que es alta y preocupante en el estado, cualquier analista político por muy malo que sea, detecta que basta contabilizar y valorar quién efectúa más detenciones diarias y mensuales que se hacen a nivel estatal, valorar el número de capturas de delincuentes que hacen los diez ayuntamientos comparadas con las que hace el Gobierno del Estado, las detenciones mensuales oscilan a nivel estatal entre 800 a 1,500 personas, pero casi el 87% las hacen la policía estatal y la ministerial, y en un 94% en la detención a los homicidas, personas con armas y vendedores de droga, reconociendo además que los operativos fuertes o delicados en los municipios los lleva el Gobierno del Estado con apoyo de Marina y Sedena, porque Pgr no tiene personal suficiente, aunque debe reconocerse que algunos ayuntamientos si se integran al trabajo mediante el Mando Mixto.

Manzanillo tiene cerca de 700 policías casi es el mismo número de toda la policía estatal, pero resulta que es uno de los más violentos del estado y del país y el 84% de las detenciones en el puerto no únicamente en ese municipio si no en la mayoría de los municipios las hace precisamente el Gobierno del Estado, entre la policía estatal con la Fiscalía General, apoyados en ocasiones por la Marina y el Ejército, pero los policías municipales solo agarran por lo regular a los borrachitos, a los que chocan o se drogan en la calle, luego entonces la gran falla está precisamente en los Ayuntamientos que no tienen la misma responsabilidad, lo que indica que tenemos una mala percepción social por razones eminentemente políticas y un deficiente análisis de la realidad social sobre el fondo del problema de la seguridad pública estatal, además de una deficiente coordinación porque los municipios son los que no jalan parejo como dijo Sanmiguel, pues es más cómodo y menos riesgo solo críticar al gobierno estatal en lugar de dedicarse a trabajar en lo que le corresponde, aunque dos o tres sí lo hacen. Por ello urge una Pacto Social por la Seguridad Pública en donde los tres niveles de gobierno participen juntos, incluyendo a la ciudadanía y a las miles de familias cuyos hijos consumen drogas pero que solo quieren que el gobierno les resuelva sus problemas. Por eso dicen la seguridad pública no debe politizarse.

 

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