NO PIERDEN A GUSTO LOS ABOGADOS

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ESTACIÓN SUFRAGIO

Adalberto Carvajal

 

La designación de tres nuevos magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado hubiera quedado como una más de las decisiones que toma el Ejecutivo en materia judicial que no logran el consenso del gremio de abogados, pero algunos juristas pretenden impugnar la decisión y no faltan diputados electos que prometen echar abajo los nombramientos cuando se instale la próxima legislatura.

Ante la premura de sacar los nombramientos antes que culmine el actual Congreso local, donde el Gobernador todavía tiene mayoría, no hubo tiempo de armar con los nombres de Sergio Marcelino Bravo Sandoval, René Rodríguez Alcaraz y Leticia Chávez Ponce el “circo” que montaron para legitimar la designación de Gabriel Verduzco como fiscal general del estado.

La decisión generó muchas críticas entre los profesionales del Derecho, a quienes supongo se trataba de contentar después de la pésima recepción que tuvieron los nombramientos de un magistrado para esa misma sala superior del Poder Judicial y de los magistrados para el renovado Tribunal de Justicia Administrativa.

MOLESTIAS POR EL PERFIL:

Los cuestionamientos al más reciente proceso de designación judicial obedecen a dos planos: el del perfil profesional de los designados y el del procedimiento en sí.

En el primer plano, todos los columnistas enfatizaron la falta de carrera judicial de Sergio Marcelino Bravo Sandoval (no ha sido ni juez de paz).

Y algunos opinadores reclamaron también falta de méritos en el ejercicio de la jurisprudencia a René Rodríguez Alcaraz, aunque este último ya fue magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado e igualmente presidió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (que se transformó hace poco en el de Justicia Administrativa).

Con su larga trayectoria como juez, ni Leticia Chávez Ponce escapó a los cuestionamientos. El presidente del consejo consultivo del Infocol, Benjamín Luna, el mismo que aludió al espectáculo circense, recordó en una entrevista que la juez fue amonestada, con motivo de una queja interpuesta por Ana María Alatorre Coll, porque “faltó a su deber y a la ley”.

Leí alguna opinión en las redes sociales donde advertían sobre el número de casos sin resolver que se acumularon en su juzgado de lo Familiar a cargo de Chávez Ponce. Pero el rezago es un mal endémico en el poder judicial y habría que evaluar si ella fue más lenta que el resto de sus compañeros jueces para emitir sentencia.

El mayor escándalo que generó la inclusión de Checo Bravo en la propuesta, deriva de su falta de acreditaciones académicas, incluso profesionales. ¡Ni sabíamos que era abogado!

Aunque, pensándolo bien, como hijo del licenciado Marcelino Bravo, notario público en Manzanillo, la tradición familiar debió pesar.

A diferencia de René Rodríguez (miembro de un grupo político que alguien calificó como enemigo del gobernador Peralta), nadie en la prensa de opinión cuestionó que Checo haya sido secretario de Turismo con Silverio Cavazos.

Sí destacaron los analistas, en cambio, que Bravo Sandoval trabajó lado al lado con el ex gobernador Fernando Moreno cuando éste fue delegado del PRI en varios estados.

Nos queda claro que es un nombramiento eminentemente político. A Bravo le están compensando no haber llegado a la Presidencia Municipal de Manzanillo (cuando lo intentó perdió frente a Nabor Ochoa que en ese entonces jugaba con el PAN).

El gobernador Peralta en mucho debe haber valorado su expertise partidista, aun cuando no haya sido en el área jurídica del PRI.

Sin embargo, se ignora qué tipo de asuntos son los que le costarían a Checo menos esfuerzo conocer como magistrado. Y en consecuencia la sala del Supremo Tribunal a la que lo integrarán.

BUENO QUE SEAN ACADÉMICOS:

A René Rodríguez, en cambio, no le pueden reprochar carecer de conocimientos jurídicos, pues hizo una sólida carrera en la docencia universitaria –fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima– y como litigante ha explorado los campos del Derecho Mercantil, Laboral y Corporativo.

Lo que le echan en cara algunos columnistas es haber sido secretario general de Gobierno en la administración de Mario Anguiano.

Curiosamente, como Mario de la Madrid Andrade hace unas semanas, René Rodríguez debió enfrentar descalificaciones por ser un académico más que un funcionario judicial.

En ese sentido, hay la percepción de que se viola la ley cuando el candidato a magistrado no ha hecho carrera en el sistema de impartición de justicia. Es una perspectiva errónea.

En Una novela criminal, Jorge Volpi analiza el perfil de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que le concedieron el amparo a Florence Cassez y en el resumen de trayectorias constatamos que no todos los ministros se formaron en el Poder Judicial.

El colimense José Ramón Cossío, por ejemplo, venía de la investigación jurídica pero antes se entrenó como proyectista de Jorge Carpizo. Y Olga Sánchez Cordero era fedataria pública, y volvió a la titularidad de su notaría después de jubilarse como ministra.

No hay pues obligación de que los magistrados tengan una previa carrera judicial. Pero sí un mínimo de experiencia como juzgador, y en ese sentido tienen peso las críticas que se han hecho al nombramiento de Sergio Marcelino.

EMPATE DE EX GOBERNADORES:

En cuanto al procedimiento, se cuestiona que los nombramientos hayan sido aprobados acríticamente por una legislatura obediente del Ejecutivo.

Gracias a los magistrados que se ampararon contra Fernando Moreno por lo que consideraron un despido injustificado, dejamos atrás los tiempos en que un Gobernador designaba a la judicatura que lo acompañaría y ésta terminaba sus funciones con el sexenio.

Ahora los nombramientos los hace un Gobernador y un Congreso con una vigencia que excede el periodo de uno y otro. Pero eso no garantiza que la designación recaiga en los más aptos.

Claro, es facultad del Ejecutivo hacer la propuesta y del Legislativo aprobarla. Y hasta en los sistemas más democráticos, un presidente conservador designa a un ministro de la Corte Suprema tan conservador como él o más, siempre y cuando tenga mayoría en el Congreso.

La tragedia de Ignacio Peralta es nada de lo que hace se lo toman a bien. En la triada de magistrados recién nombrados la lectura política que se hace es que el Gobernador le dio un asiento en el Supremo Tribunal al personal del Poder Judicial (Leticia Chávez), otro al grupo del ex gobernador Fernando Moreno (Sergio Bravo) y un tercero al del ex gobernador Mario Anguiano (René Rodríguez).

Cada una de sus decisiones gustó o molestó a determinados sectores del gremio abogadil y de la clase política. A mí como periodista lo único que me dice es que Nacho considera con igual peso a un ex gobernador que a otro.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.

Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.

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