PEAJE DE 45 PESOS EN CUYUTLÁN

Caseta

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ESTACIÓN SUFRAGIO

Adalberto Carvajal

 

 

 

En cuestión de días, la diputada federal por el distrito II, Indira Vizcaíno Silva, pasó de revelar la existencia de una negociación con la empresa concesionaria de la carretera de cuota Armería-Manzanillo a anunciar una tarifa especial para los automovilistas del estado de solo 45 pesos, que será aplicable mediante el empleo de una tarjeta con chip.   

El posicionamiento de Indira Vizcaíno, mucho más conciliador y realista al que mantiene el gobernador Ignacio Peralta desde que el Ejecutivo estatal se sumó al movimiento por eliminar la caseta (cuando antes fue un defensor de la legalidad de la concesión), tomó a muchos por sorpresa.

Y no han faltado esfuerzos mediáticos para distorsionar la medida, relativizar el logro (comparándolo, por ejemplo, con el retiro de la caseta en el libramiento de Manzanillo o el descuento selectivo que logró la administración de Mario Anguiano) y hasta calificarlo de insuficiente al montarse toda una campaña publicitaria a favor de eliminar definitivamente la caseta.

Hasta antes que Indira lograra este descuento efectivo de un 65% en la cuota de peaje, la tónica en la clase política era pedir moderación a los grupos radicales que emprendieron un movimiento de resistencia civil para hacer valer el derecho al libre tránsito.

Mientras tanto, el asunto se siguió litigando en los tribunales, buscando la anulación de una concesión mañosamente extendida en el plazo y ampliada en conceptos tales como que, con el peaje de Cuyutlán, se amortice también la inversión de una carretera en otro estado de la república.

GUARDIAS BLANCAS Y ESQUIROLES:

Voces del oficialismo denunciaron que este movimiento de resistencia era orquestado por grupos de activistas que ni siquiera son de Colima, y que  simplemente buscaban generar un conflicto social con fines electorales.

Al mismo tiempo, las autoridades federales y locales fueron tolerantes ante la presencia de guardias blancas pagados por la concesionaria que, literalmente, agredían a los automovilistas que se negaban a pagar la cuota.

A diferencia de lo que ocurría en otras autopistas del país, el conductor que pretendía librar la caseta de Cuyutlán sin pagar no sólo era advertido que no contaría con el seguro de usuario y que incluso incurriría en una infracción federal, sino que era acosado por hampones que llegaron al extremo de dañar los vehículos golpeándolos con varillas.

Muchos colimenses vieron el alambre de púas que envolvía la pluma de la caseta, con el cual los conductores que intentaban replicar una práctica que se hizo normal en las carreteras administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe), que consiste en tocar la barra para que esta se levante mediante un mecanismo de reflejo, se llevaban como castigo un severo rayón en la pintura del cofre.    

Ante el escándalo que provocó en las redes sociales la presencia de estos guardias blancas, la empresa concesionaria, Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), optó por usar esquiroles. De la nada surgieron grupos de activistas que hostigaban a los automovilistas que exigían ejercer su derecho al libre tránsito, acusándolos de falta de civismo y hasta de atentar contra el patrimonio de los colimenses, pues el peaje, decían, es lo que mantiene en buen estado la carretera.

CAMBIOS DE POSTURA:

Que Indira declarara que, aun cuando no ha concluido el juicio para revocar la concesión, acordó con Pinfra bajar la tarifa que pagan los colimenses, no gustó a muchos, concretamente a Gobierno del Estado.

Inmediatamente después de que se conoció la derrota apabullante del PRI en las elecciones generales pasadas, y consciente que uno de los agravios que resintió el colimense y que lo llevaron a votar masivamente por Morena fue la caseta de Cuyutlán, el mandatario estatal cambió diametralmente su postura frente a los concesionarios.

En alguna de las declaraciones que dio al respecto, Vizcaíno Silva dejó entrever que en este cambio de actitud a Nacho Peralta lo mueve la revancha contra los concesionarios, pero no dio detalles.

Para no especular, supongamos que el Gobernador simplemente se está montando en una ola para pedir que desaparezca la caseta, y que en todo caso obedece a una consigna del PRI nacional: crearle conflictos al presidente electo explotando aquellos asuntos en donde Andrés Manuel López Obrador hizo una promesa de campaña que ahora, aparentemente, no podrá cumplir.

Si AMLO como candidato prometió liberar la carretera, ya como presidente electo –en su visita a Colima como parte de la gira de agradecimiento– respondió a los reclamos de sus seguidores diciendo que ese tema de la caseta de Cuyutlán se verá después.

Probablemente de ahí viene que, ahora, el Gobierno del Estado clame por la desaparición de la caseta. Un nuevo cambio de postura si recordamos que cuando se sumó a los recursos jurídicos para retirar la concesión, el argumento inicial es que si la carretera queda en manos de la administración estatal el dinero recaudado podría fortalecer las finanzas públicas.

Del Nacho que como candidato a Gobernador reconoció que no había lucha respecto a la concesión en manos de Pinfra, proponiendo de hecho como alternativa ampliar a cuatro carriles la carretera libre Armería-Manzanillo, a este de hoy que pide eliminar la caseta, hay años luz de distancia.

En este viaje interestelar pasamos por opiniones como la del ex gobernador Fernando Moreno que descartaba la liberación de la caseta por estar sujeta a los términos del Tratado de Libre Comercio, a las declaraciones del mismo ex mandatario que pide ahora dejar los ingresos de la caseta a la tesorería estatal.

JIPS no está solo en esta demanda de eliminar la caseta. La semana pasada, durante la comparecencia del titular de SCT en San Lázaro, la diputada federal por el distrito I, Claudia Yáñez, también de Morena, exigió el retiro inmediato de la caseta. Mientras que para este domingo 28 de octubre el Consejo Nacional Ciudadano en Colima convocó a una manifestación para protestar por la tarifa especial y exigir la eliminación del peaje.

NO LA VA A SOLTAR LA FEDERACIÓN:

Aun con el visto bueno del gobierno federal en manos de López Obrador, quién sabe cuánto tardará en resolverse judicialmente el tema de la concesión.

La prebenda a Pinfra resulta a todas luces injustificada: la inversión inicial de la carretera ya se pagó (y probablemente varias veces) y, por si fuera poco, los concesionarios no han cumplido con el proyecto original (por ejemplo, le falta el segundo cuerpo al puente de Tepalcates que era lo que originalmente se cobraba).

Si de asegurar el retorno de la inversión para las obras de ampliación a seis carriles que ya requiere la autopista se trata, eso lo puede hacer perfectamente Banobras, concesionaria del tramo Colima-Guadalajara.

Concuerdo con el ex diputado federal Enrique Rojas en el sentido que esa concesión ha sido un magnífico negocio para Pinfra y que los accionistas de la empresa harán lo imposible por mantenerla pues, si ahora con la cantidad de transportes de carga que la circulan deja enormes dividendos, se convertirá en una mina de oro cuando se abran las operaciones en el puerto de Cuyutlán y se multiplique el número de contenedores que por esta vía transitan.

Pero, seamos sensatos, difícilmente el gobierno federal (aunque no estuviera en manos de López Obrador) renunciará a esos ingresos. Ni tendría por qué hacerlo. Esa caseta y el resto de las que se ubican en el eje carretero Manzanillo-Guadalajara, dan para financiar la construcción y mantenimiento de buena parte de la infraestructura vial en el país.

Pedir que eliminen la caseta de Cuyutlán es un despropósito fiscal. Una idea tan romántica como pretender que la Federación renuncie a los ingresos de la aduana de Manzanillo a favor del estado de Colima, o que el futuro puerto de Cuyutlán sea manejado por una API estatal.

Que los colimenses no tengamos que pagar cuota por usarla, supone una mínima compensación a los problemas que la autopista nos genera. Una tarifa simbólica que podría llegar a ser mínima en el futuro, es lo que necesita el estado para superar la brecha que separa a Manzanillo del resto del estado.

Es la mejor solución en lo que se revoca la concesión y se establece una tarifa suficiente para financiar las obras de ampliación y mantenimiento de la carretera, no la cuota leonina de ahora.

Porque está claro que, en lo que resta de la administración de Peralta Sánchez, no se va a modernizar la vía libre como para que podamos transitar por ella con seguridad y comodidad.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com.

Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.

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